Tras toda la controversia que se tiene sobre este tema desde hace un par de semanas, la postura mas sensata la ha dado el Gobierno, pues el ministerio de Salud y Deportes informó, mediante un comunicado, que conformó un equipo médico disciplinario compuesto por 10 profesionales y especialistas del alto nivel para la valoración médica científica de la menor embarazada en Yapacaní producto de una violación y puso a disposición de la niña y la familia a los especialistas.
A través del documento el ministerio de Salud informó que dio cumplimiento a la Resolución ministerial 241/2021 en el que además señala que se “ha identificado un lugar donde la niña podría ser atendida en resguardo de su salud y la vida”.
Según el comunicado “el equipo conformado cuenta con especialista en psiquiatría, psicólogos, ginecólogos, trabajadora social profesionales en el área de la auditoria para que emitan la valoración estrictamente técnica”.
Manifestó que se informará a la madre, a través de una autoridad competente, para que tanto la madre como la niña embarazada tomen la decisión de manera informada y en total libertad.
Durante más de nueve meses, la niña fue víctima de abusos sexuales por parte del padre de la actual pareja de su madre. El embarazo se descubrió después de que la menor «sintiera movimientos extraños» en su vientre y se lo contara a sus familiares. Tras una primera revisión médica, se dio a conocer que tenía 21 semanas de gestación.
Desde que se conoció el caso, varias instituciones pro vida entre ellos la Iglesia Católica y varias plataformas además de médicos y expertos han dado su postura de que la menor debe mantener el embarazo, sin embargo ninguno hablo de brindar un seguimiento medico a la salud de la pequeña; lo mismo sucede del otro lado de la vereda, donde las activistas que están a favor del aborto no presentan soluciones alternativas y tampoco toman en cuenta la salud de la menor, que ya tiene una gestación demasiado avanzada y que pone en peligro su vida si es que se le realiza un legrado.
