l director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró este viernes que durante la gestión se priorizó la educación y la salud para resguardar los derechos humanos de todos los privados de libertad del país. Reprochó que la situación durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez fuera totalmente contraria.
“En la gestión de la señora Jeanine Añez los privados de libertad fueron abandonados en temas de salud, se les obligó a cumplir una cuarentena rígida y se tuvieron cientos de contagios y 51 fallecidos por el COVID-19, además de que, por el encapsulamiento, no pudieron recibir visitas familiares y menos con sus abogados para recibir asistencia jurídica”, se lee en un boletín institucional.
Limpias indicó que durante el régimen de Áñez la población fue engañada por las autoridades que asumieron el poder tras el golpe de Estado. Aseveró que gobierno de facto y las autoridades no coordinaron con el Órgano Judicial para generar alternativas para los detenidos preventivos, y a pesar de que se prometió un decreto de amnistía e indulto.
“Había un discurso respecto a que ese decreto estaba saliendo para liberar a los ‘masistas’ y presos políticos, lo único bueno que hizo la oposición es que reconocieron que hubo presos políticos y se cae su otro discurso”, manifestó.
Añadió que en un inicio se pretendía beneficiar entre 5.000 y 8.000 privados de libertad, pero solo se alcanzó a 321.
Detalló que tras recuperar la democracia en noviembre de 2021 la administración penitenciaria benefició a 710 privados de libertad.
Destacó que durante esta gestión se socializaron las políticas nacionales en salud en todos los centros penitenciarios, por lo que se realizaron pruebas y rastrillajes para detectar casos sospechosos, desinfecciones y campañas de salud para la detección oportuna del COVID-19.
Explicó que hasta la fecha se tienen 14.699 privados de libertad vacunados con la primera dosis, 9.216 vacunados con la segunda dosis, 1.820 con la dosis única y se está iniciando la vacunación con la tercera dosis en adultos mayores, personas con enfermedades de base y población vulnerable.
“Se ve, de lejos, cuál es la diferencia en torno al tema de salud que hemos encarado nosotros en esta gestión, con la donación de materiales de bioseguridad y todo lo que se ha gestionado ha sido totalmente transparente”, manifestó.
Además, resaltó que esta gestión se prevé que 236 bachilleres se gradúen de los Centros de Educación Alternativa (CEA’s) que se tienen en los centros penitenciarios del país, situación que durante 2020 quedó en el abandono, pues no se garantizó la educación para los privados de libertad.
