William Bascopé señaló que el artículo 2 de la normativa aprueba un anexo de 53 páginas, donde en realidad está la trampa disfrazada de políticas, mecanismos y directrices, ya que en la página 26 menciona al sector informal y el peligro que significa para lo ilícito.
A título de la Ley 1386 de «Estrategia Contra las Ganancias Ilícitas», el Gobierno pretende, de manera disfrazada, tener un control político sobre cualquier ciudadano o sector social, alertó el abogado constitucionalista William Bascopé.
En su análisis, el artículo 2 de esa normativa aprueba un anexo de 53 páginas, donde en realidad está la «trampa disfrazada de políticas», mecanismos y directrices, ya que en la página 26 menciona al sector informal y el peligro que significa para lo ilícito, pero no identifica desde qué monto se considera quien es sospechoso de ganancia ilícita.
«No identificar el monto da paso a que solo por Decreto Supremo todos serían fiscalizados y sospechosos desde 1 centavo hasta donde diga la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Esto otorga a que cualquier mal funcionario o fiscal pueda estar extorsionando a cualquier ciudadano», opinó Bascopé.
A decir del analista, el peligro es que el Ejecutivo, mediante Resolución Administrativa de la UIF, puede poner a cualquier sector como sospechoso e iniciarle una investigación.
Asimismo, mencionó que en el anexo se refiere al Registro de Sujetos Obligados (ROS) y el formulario que una persona debe llenar cuando mueve sus ahorros o dinero en una entidad financiera, o sus bienes y patrimonio, pero no habla de monto base o inicial y ahí comienza lo distorsionado de la Ley 1386.
El jurista considera que, con esta distorsión, se vuelve a lo mismo de la mala intención del anterior anteproyecto de ley, que pretendía controlar todo, incluido el secreto profesional y hasta la intimidad del patrimonio de cada hogar.
«Un diputado del MAS trata de justificar esta nefasta Ley 1386, hablando del Código Penal y dice que ahí no está identificado el gremialista. Ese no es el problema, el peligro es que el Órgano Ejecutivo mediante Decreto Supremo o Resolución Administrativa de la UIF puede poner a cualquier sector como sospechoso e iniciarle investigación y procesos», advirtió Bascopé.
/El deber
