Hasta antes de noviembre, la lista negra incluía solo opositores o críticos del régimen. El patrón común era que una vez en la ventanilla de Migración, el funcionario advertía al viajero que había un problema con el pasaporte, y por lo tanto debía hacer unas consultas. Al regresar le dice que no puede viajar pues se confirmó el problema, el pasaporte quedará retenido y debe presentarse en las oficinas de Migración central para que les regresen el pasaporte.
Así les sucedió a los periodistas Mauricio Madrigal, de Canal 10, y Vladimir Vásquez, del periódico digital Confidencial, y a monseñor Silvio Fonseca, Vicario de Educación y Familia de la Arquidiócesis de Managua, para mencionar casos que han sido públicos. Sin embargo, las retenciones de pasaporte y prohibiciones de viajar son mayores porque muchos optan por guardar silencio a la espera de que se cumpla la promesa hecha en la ventanilla del aeropuerto. Sin embargo, el pasaporte nunca regresa.
Este mes de noviembre la lista se habría ampliado a funcionarios y colaboradores del régimen de Ortega, y sus familiares quienes sorprendidos han escuchado la frase que hasta hace poco era reservada para los opositores: “Usted no puede viajar”.
La razón del cambio parece estar en una orden firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 16 de noviembre pasado, que prohíbe la entrada a ese país de Daniel Ortega y sus funcionarios y colaboradores por “los actos represivos y abusivos del gobierno”.
“He determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, a miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación quienes formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua” , cita la orden firmada por Biden. La lista de personas no gratas para el gobierno norteamericano incluye alcaldes, legisladores, funcionarios, colaboradores y sus familiares.
Sin embargo, el mismo documento establece excepciones para aquellas personas que “el Secretario de Estado determine que ha cesado las acciones que socavan las instituciones democráticas y ha tomado medidas concretas para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua” y también cuando “la entrada de la persona promovería importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos”.
