Juan Carlos I alega que tiene inmunidad total Durante el lunes y martes de esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido celebra la vista previa para decidir si admite a trámite la denuncia por acoso de Corinna Larsen contra el exmonarca Juan Carlos I y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España.
Los hechos que denuncia la examante del rey emérito habrían tenido lugar desde 2012 hasta al menos 2019, es decir, abarcarían parte del reinado de Juan Carlos de Borbón, que abdicó en 2014.
Los abogados de quien fuera jefe de Estado de España durante casi cuatro décadas niegan las acusaciones, pero han centrado su actuación en alegar que la corte británica no es competente para juzgar estos hechos y solicitan al juez Matthew Nicklin que no admita a trámite el caso apelando a la supuesta inmunidad del exsoberano.
Entre los argumentos esgrimidos por la defensa, el que ha llamado más la atención es el que se remonta al año 1713. Sostienen que en este caso los principios largamente asumidos de inmunidad soberana quedan reflejados en la firma del Tratado de Paz y Amistad de Utrecht de 1713 entre los antepasados de las monarquías británica y española (por el que Gibraltar pasó a manos británicas), que establecería que el tribunal no tiene competencias para aceptar esta demanda.
Además se alega que Juan Carlos I, de 83 años, mantiene la inmunidad porque sigue formando parte de la Casa del Rey, a pesar de que no tiene agenda oficial desde 2019, de que su hijo Felipe VI le retiró su asignación económica en marzo de 2020 y de que desde el 3 de agosto de ese año reside en los Emiratos Árabes Unidos.
Así, la defensa defiende una supuesta inmunidad ante cualquier tipo de procedimiento civil o penal. Esgrimen, además, la Ley de Inmunidad Estatal del Reino Unido en vigor desde 1978 que impide juzgar en ese territorio a terceros Estados, y asimilan el estatus del exmonarca con el Estado español.
Esta normativa, según su interpretación, conferiría al rey emérito de España inmunidad completa sobre cualquier acto, siempre bajo la premisa de que continúa formando parte de la institución de la Casa del Rey. “Tal presunta conducta, incluso si fuera abusiva o dañina, habría estado en la capacidad oficial de Su Majestad”, dice el argumento de la defensa según recoge la prensa británica.
Por su parte, el defensor de Larsen, James Lewis, ha rechazado todas las alegaciones sobre inmunidad. La examante del rey español presentó la demanda hace ahora un año, en diciembre de 2020. En ella sostiene que tanto el monarca como el CNI en su nombre, por medio de su entonces director Félix Sanz Roldán y otros funcionarios, la presionaron y vigilaron e, incluso, llegaron a amenazarla de muerte en un hotel londinense.
