El caso más antiguo del informe data de 1943, y el más reciente, de 2018. Todos son inéditos, salvo 13 ya publicados en el diario español EL
País, el cual aportó con toda la información para la apertura de las indagaciones.
La Iglesia ha abierto una gran investigación, sin precedentes en España, de 251 miembros del clero y algunos seglares de instituciones religiosas acusados de abusos a menores y que EL PAÍS ha recopilado e investigado en los últimos tres años. Componen un informe de 385 páginas que este diario entregó al papa Francisco el pasado día 2 de diciembre, aprovechando el contacto directo del pontífice con los periodistas en su viaje a Grecia.
Un asistente de Francisco recogió el dosier y al regresar del viaje el papa se movió rápido. Lo hizo llegar la semana siguiente a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza la investigación de la pederastia en todo el mundo católico y que dirige el jesuita español Luis Ladaria.
Este periódico también entregó el estudio esa semana al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.
Omella lo transmitió de inmediato al tribunal eclesiástico de Barcelona, donde fue registrado para que iniciara la investigación, si bien luego las pesquisas deberán ramificarse según la entidad competente: afectan a 31 órdenes religiosas y 31 diócesis. El mecanismo ya está en marcha, aunque la apertura de una investigación, en realidad, es un acto casi automático obligado por el código canónico ante cualquier indicio verisímil.
El caso más antiguo del informe data de 1943, y el más reciente, de 2018. Todos son inéditos, salvo 13 ya publicados, que se han incluido porque han surgido nuevas denuncias contra esos clérigos. Si esos 251 se suman a los que ya se conocían hasta ahora y que ha contabilizado este diario, único
registro existente en España ante la ausencia de datos oficiales de la Iglesia o las autoridades, ascienden al menos a 602 casos cada uno hace referencia a un acusado y 1.237 víctimas desde los años treinta. En todo caso, para el cálculo del número de víctimas se ha aplicado el criterio más estricto: solo los testimonios directos de afectados y testigos.
En la mayoría de los relatos se habla de pederastas que abusaban de decenas de niños y conductas que eran un “secreto a voces”. Un caso habitual es el de profesores que agredían sexualmente a toda la clase, con varios cursos a su cargo y que estuvieron durante años en uno o más colegios. Estimaciones como las empleadas por expertos en los estudios de comisiones independientes de otros países multiplicarían la cifra a varios miles.
Hasta ahora la CEE ha reiterado que no sabe cuántos casos de abusos se han producido en España, aunque asegura que son “muy pocos”. No va a abrir una investigación general y se limita a pedir que las víctimas acudan a sus oficinas de atención, abiertas hace un año, pero asegura que apenas ha registrado denuncias. Por el contrario, EL PAÍS ha recibido ya más de 600 mensajes en el correo electrónico de denuncia que abrió hace tres años.
Muchos de esos casos ya se han publicado, otros 251 se han incluido en el informe y el resto se siguen investigando. La única cifra que ha aportado la Conferencia Episcopal la tuvo que pedir a Doctrina de la Fe: le informó este año de que desde 2001 ha recibido 220 casos desde España. El informe de EL PAÍS recoge más en tres años que la congregación en esos 20 y desborda esas estadísticas.
Una vez conocido el dosier de EL PAÍS, el papa Francisco y Omella mantuvieron una conversación. El Vaticano, como acostumbra a hacer cuando las denuncias son tan numerosas y no pertenecen a una sola orden, diócesis o abusador concreto, supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe todo el proceso que lleve a cabo la CEE.
Roma esperará resultados, que según su propio código, deberían llegar en no más de tres meses. La Conferencia Episcopal ha preferido no hacer declaraciones por el momento. Por otro lado, la gran mayoría de los casos, el 77%, afecta a órdenes religiosas, que no están bajo la autoridad de los
obispos. Las principales congregaciones, informadas por EL PAÍS de las denuncias que los incumben, han abierto ya una investigación.
