Un notario de fe Pública del municipio de San Julián fue incluido en la investigación en el caso de la retención y posterior tortura de policías y civiles en la estancia ‘Las Londras’ ubicada en la provincia Guarayos de Santa Cruz debido a que se habría negado a brindar información de las personas involucradas en el caso del pasado 28 de octubre. Por su parte, la defensa del único detenido Evert Sixto Canaza hoy pedirá la cesación de su detención preventiva de seis meses.
El comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, añadió, además, que el Notario de Fe Pública de San Julián, Raúl Axel L. R., tiene orden de aprehensión.
“La Fiscalía ha ampliado la investigación por delitos vinculados al encubrimiento que estarían relacionados a un notario que ha labrado un acta días previos”, confirmó el jefe policial consultado al respecto.
La comisión de fiscales emitió una conminatoria donde se acusa al Notario de Fe Pública de San Julián, Raúl Axel León Rodríguez, de negarse a informar sobre la identidad de quienes registraron actas notariadas de las comunidades ‘24 de Septiembre’, ‘El Chuchial-Bañadito’ y ‘Los Tigres’, tras el secuestro denunciado.
La conminatoria fue emitida por la Fiscalía el 11 de noviembre, sin embargo, recién fue recibida la tarde de este 21 de diciembre. De no haber una respuesta, se advirtió con el inicio de un proceso penal.
Con relación a las órdenes de aprehensión que aún no fueron ejecutadas, Aguilera afirmó que se continúa con la investigación y vigilancia en San Julián, además de los domicilios de los implicados.
Hasta el momento, solo Ever Sixto Canaza S., implicado en la retención y tortura de periodistas, policías y civiles, guarda detención preventiva en la cárcel de Montero por el lapso de seis meses, por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia o portación de arma de fuego, tentativa de homicidio y amenazas.
PIDEN LIBERTAD DE CANAZA
A pesar de haber sido identificado plenamente por un testigo, tener antecedentes criminales en otro caso de avasallamiento violento que incluye una segunda orden de detención; el único detenido por el Caso ‘Las Londras’, Heber Sixto Canaza, pedirá hoy, la cesación a su detención, ordenada por el juez cautelar Roberto Hurtado
Esto ocurre luego de haber remitido al cuadernillo de investigaciones, un informe policial que habla de la peligrosidad de la organización de Interculturales de San Julián, a la que pertenece, a la que responsabilizan de haber tomado como rehenes a dos uniformados y provocar disturbios el 24 de noviembre, cuando una comisión de fiscales de Santa Cruz acudió a ejecutar 4 mandamientos de apremio, entre ellos el de Canaza.
La audiencia, en el marco del derecho a la defensa, se llevará adelante en grado de apelación, de acuerdo al artículo 251 del Código de Procedimiento Penal ante el vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Evert Alvarez Orellana a las 10:10 de la mañana, en la que su abogado, Cesar Cardona, insistirá en la inocencia de Canaza.
Los fiscales de la comisión investigadora del caso, Roberto Ruiz, Delmy Guzmán y Walter Cisneros, ratificarán hoy en la audiencia, que el juez Roberto Hurtado, actuó correctamente al emitir la detención preventiva, considerando que Canaza fue identificado como uno de los autores del hecho, el peligro de obstaculización de la justicia y el antecedente de que tiene otro mandamiento de aprehensión de fecha 26 de julio del 2021, emitido por el entonces fiscal de Guarayos, Groberdt Vega Lobo, por su participación en otra toma violenta de predios de la familia Barbery.
La abogada defensora de los periodistas, Raquel Guerrero, informó que ha pedido ante la comisión de fiscales, la intervención de las Fuerzas Armadas, para que coadyuven con agentes policiales en el montaje de un megaoperativo, dada la peligrosidad de los implicados, y procedan a la ejecución de los mandamientos de aprehensión que existen y de una vez desarticulen ese grupo armado que sigue operando en esa zona.
El presidente de la Asociación de Periodistas, Roberto Méndez, dijo que el Gobierno no puede permitir que grupos irregulares operen en territorio nacional sin Dios ni ley, e instó al Gobierno a medir la magnitud de los hechos y considerar el tema como un asunto de seguridad nacional.
