La exministra de Comunicación del régimen de facto, Roxana Lizárraga, será citada por edictos para prestar su declaración por el ingreso de pertrechos de Ecuador a Bolivia durante el golpe de Estado en 2019, informó el fiscal Junior Flores.
El representante del Ministerio Público, en declaraciones en Bolivia Tv, indicó que se citó vanamente a Lizárraga en su domicilio real en Bolivia pero no respondió a las convocatorias por lo que se decidió citarla mediante edictos, es decir mediante publicaciones en medios de difusión.
“Conforme a las modificaciones a la Ley 1173, ha autorizado a que esta ciudadana deba ser convocada mediante edictos. El procedimiento justamente radica en que esta ciudadana será citada, en el término de 10 días deberá asumir o apersonarse ante el Ministerio Público con los efectos que establece justamente esta normativa procesal”, indicó.
El 14 de junio de 2021, Mauricio Ordóñez, exministro de Jeanine Áñez, reveló ante los fiscales que fue Carlos Sánchez Berzaín, exautoridad que fugó a EEUU, quien gestionó el préstamo de granadas y proyectiles, por parte del gobierno de Lenín Moreno, en Ecuador, para la represión ocurrida en Bolivia durante el golpe de Estado de 2019.
Ordóñez, exministro de Desarrollo Rural de Jeanine Áñez, declaró ante la comisión de fiscales que investiga el caso “gases lacrimógenos”. Él indicó que fue la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien se contactó por teléfono con Sánchez Berzaín, quien se comprometió a contactar a altas autoridades de Ecuador para que presten gases lacrimógenos al gobierno de Áñez.
“Lizárraga junto al resto de ministros nos encontrábamos en una reunión de gabinete, existía una desesperación de Arturo Murillo y Fernando López por adquirir gases lacrimógenos. Lizárraga pidió unos minutos en esa reunión de gabinete, salió de la sala de reuniones y volvió a los minutos manifestando ‘asunto arreglado, ya hablé con Carlos Sánchez Berzaín y él hará las gestiones ante Ecuador para que nos envíe los agentes químicos que necesitamos’”, relató Ordóñez en su declaración en la Fiscalía, según la versión web del periódico La Razón que citó al portal Detrás de la Verdad.
Según Ordóñez, la exministra Lizárraga añadió: “Más bien, alisten el avión Hércules para que vaya a recoger ese material y así puedan reprimir a la gente que está protestando en las calles”.
Entonces, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que, tras las gestiones de Lizárraga, el 15 de noviembre, el “gobierno de facto solicita a Ecuador el permiso para sobrevolar una aeronave Hércules C130 y el agregado militar de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías Cordero, se comunica con el comandante del Ejército, Gral. Inchauste, disponiendo que la aeronave partiera a Ecuador para trasladar proyectiles y granadas”, indica una nota de prensa.
Al día siguiente, el 16 de noviembre, parte el avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las FFAA y la Policía reprimen una manifestación y ocurre la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, con un saldo de 11 civiles muertos y al menos 78 heridos.
El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado. Se trata de 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.
En ese contexto, el fiscal Flores indicó que “Ella (Lizárraga”) está en calidad de sindicada y tomando en cuenta de que esta ciudadana ha sido citada en varias oportunidades en su domicilio real, existe un informe del asignado al caso el cual establece justamente el desconocimiento del paradero de esta ciudadana, es que se ha activado justamente la citación mediante edictos”.
