La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado público, hizo conocer su “extrema preocupación” por la propuesta de incremento salarial planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno, y solicitó una reunión con el presidente Luis Arce para presentar la posición del sector privado sobre este tema, apelando al Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El 17 de marzo pasado, la COB entregó al primer mandatario del Estado un pliego petitorio en el que propone un incremento del 10% al salario mínimo y 7% al haber mensual, para la presente gestión. Tras la reunión, y en una conferencia de prensa con la dirigencia cobista, el presidente Arce señaló que la demanda será analizada y evaluada por las diferentes instancias del Gobierno con “absoluta responsabilidad con todo el pueblo boliviano”.
Al respecto, la entidad representativa del sector privado boliviano, manifiesta la extrema preocupación del sector por la propuesta, y reclama que la dirigencia cobista ignore “la grave situación” por la que atraviesan las empresas, emprendimientos y unidades productivas del país, debido a los efectos sostenidos de la pandemia y la incertidumbre mundial respecto al rumbo de la economía.
Por otro lado, cuestiona la falta de compromiso de la dirigencia obrera con los miles de trabajadores y trabajadoras que han ingresado en la
informalidad, han perdido sus fuentes laborales o las van a perder, “si se sigue ejerciendo presión salarial sobre los empleadores con incrementos imposibles”, y advirtió que este extremo va a forzar “el cierre de las unidades productivas que hoy generan y sostienen más del 70% del empleo digno en el país”.
Asimismo, la CEPB recordó que “los problemas económicos y la disminución de recursos, que afectan a las empresas de todos los rubros
y regiones, alcanzan también a las universidades, gobernaciones, alcaldías y otras instituciones del Estado” y advirtió que estos problemas
no pueden resolverse imponiendo más cargas sobre los que generan empleo ni adoptando medidas como las del incremento salarial que solo
benefician al 17% de los trabajadores, en detrimento del resto.
Tras estas consideraciones, los privados demandan reunirse con el presidente Arce “considerando que se dio la oportunidad a la COB para
presentar sus argumentos y su propuesta”, y para ello aluden al Art. 4 del Convenio 131 de la OIT, que ha sido ratificado por nuestro país mediante Ley Nº 2120 del 11 de septiembre de 2000. Este convenio dispone la obligación del Estado de realizar consultas exhaustivas a los empleadores y los trabajadores para fijar el salario mínimo.
Finalmente, el comunicado de la CEPB señala que “Es momento de asumir el camino del consenso, el diálogo y la unidad para enfrentar los
problemas generados por una crisis sostenida que ha precarizado más el empleo, está destruyendo al aparato productivo del país e incrementa cada día más la incertidumbre ciudadana sobre el futuro”.
