El Tribunal de Sentencia 1ro de La Paz determinó ayer, lunes, suspender el inicio del juicio oral contra Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II hasta el próximo 4 de abril.
Antes de la determinación judicial, el juicio, que no llegó a instalarse, ingresó en un cuarto intermedio debido a que la exsenadora sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ser atendida por médicos del penal de Miraflores, donde se encuentra con detención preventiva.
El Tribunal inició, en formato virtual, los procedimientos previos del juicio oral ordinario y, en el marco de la normativa, se presentaron, en un número importante, testigos de cargo y descargo, abogados de ambas partes e imputados.
En ese lapso, el abogado Jorge Valda, de la parte acusadora, exigió que todos los participantes enciendan sus cámaras, como manda el Tribunal Supremo de Justicia.
En tanto, familiares de fallecidos, heridos y perseguidos políticos del régimen de Jeanine Áñez instalaban vigilias ciudadanas en la ciudad de La Paz. Una de ellas, con cientos de personas, se apostó en las puertas del penal de Miraflores, donde guarda reclusión.
“Senkata, Sacaba han sido masacradas, no se negocia con sangre derramada”, cantaban a coro y megáfonos constantemente en la vigilia.
Otra concentración, de ciudadanos y organizaciones sociales, lo hizo en inmediaciones del Palacio de Justicia, en el centro paceño.
“Que se haga la justicia contra Áñez porque se autonombró como presidenta de senadores, luego presidenta y firmó el decreto de la muerte”, señaló un ciudadano a la estatal radio Patria Nueva.
El Ministerio de Justicia comunicó, una vez formalizada la postergación del juicio, que tanto el Gobierno nacional como las entidades denunciantes en el caso ‘Golpe de Estado II’ son respetuosas del debido proceso.
“Incluso (se ha) invitado a la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que realice la observación del mencionado juicio”, señala el comunicado público de ese despacho gubernamental.
El Ministerio de Justicia señaló también que los problemas provocados para interferir en la audiencia virtual y el uso desmesurado de recursos procesales por la parte acusada y sus abogados, reflejan una actitud obstaculizadora y contraria al derecho constitucional a contar con decisiones judiciales en un plazo razonable y sin dilaciones.
CASO GOLPE II
Áñez está acusada por asumir la presidencia en 2019 presuntamente de manera irregular, puesto que, según la Fiscalía, no estaba habilitada para hacerlo.
De la parte acusada, el abogado Guillén señaló como primera irregularidad que la modalidad de la audiencia, realizada en forma virtual, no asegura que este juicio se lleve adecuadamente y genera una situación problemática para el tribunal.
La audiencia se caracterizó por las constantes interrupciones de parte de diferentes abogados y falta de organización, tomando en cuenta que hay decenas de testigos que se conectaron para formar parte.
Guillén también observó que se estaría limitando el ejercicio de la defensa de la exmandataria, puesto que tiene cuatro abogados y solo se está permitiendo que dos participen.
Consideró que existe una situación desigual, cuando la parte acusadora tiene ocho abogados (de la Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Procuraduría y Asamblea), mientras que Áñez está limitada a tener dos para defenderla.
El abogado Guillén observó también que de manera arbitraria se haya empezado a restringir el ingreso de personas a la audiencia virtual, tomando en cuenta que el caso no está declarado en reserva.
“Esto lo han hecho de forma unilateral sin consultar a las partes, tomando esta decisión ellos sin ni siquiera informarnos que se estaba restringiendo el acceso a las partes. Han habido testigos que no han podido ingresar a esta audiencia, han habido medios de comunicación que querían seguir la misma que tampoco han podido ingresar”, agregó.
A su turno la Dirección de Régimen Penitenciario informó ayer que Jeanine Áñez, recluida en el penal de Miraflores de La Paz, fue “atendida de manera inmediata” cuando presentó un “cuadro de ansiedad momentánea” durante su audiencia judicial.
“Los cinco profesionales médicos que se encuentran a su disposición controlaron el estado de salud de la privada de libertad, antes, durante y después del desarrollo de la audiencia virtual”, indica el comunicado de esa oficina gubernamental que depende del Ministerio de Gobierno.
