Caso Golpe II: Justicia sanciona a su defensa
El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó ayer martes que la audiencia del juicio ordinario de la exsenadora Jeanine Áñez, en el caso denominado Golpe de Estado II, ingrese en un receso hasta el 7 de abril de 2022. La audiencia se reinstalará a las 08.30.
“El señalamiento para el jueves 7 de abril de 2022 a horas 08.30 manteniéndose subsistente las demás determinaciones respecto a la emisión de oficios (…) quedan legalmente notificados debiendo por secretaría liberarse los correspondientes oficios”, indicó uno de los vocales del Tribunal Primero de Sentencia.
Áñez es juzgada por la vía ordinaria por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Se investigan las acciones que la exsenadora tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia del Estado de forma irregular.
Según la Fiscalía, se cuentan con más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales que indican que la ahora detenida en el penal de Miraflores de La Paz adecuó su conducta a ese tipo penal.
DEFENSA SANCIONADA POR DILATAR PROCESO
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción Nº 1 de La Paz sancionó a la defensa de la exsenadora Áñez y de los coacusados en el caso Golpe de Estado II, por el uso de incidentes dilatorios, maliciosos y temerarios en el juicio que fue instaurado esta jornada y posteriormente suspendido hasta el jueves, tras 17 horas ininterrumpidas de audiencia, informó el Ministerio de Gobierno.
“El Tribunal de juicio luego de 17 horas ininterrumpidas en audiencia, sancionó a los abogados de la defensa de la ex senadora Jeanine Áñez Chávez y abogados de coacusados, por hacer uso de excepciones y/o incidentes manifiestamente dilatorios maliciosos y/o temerarios conforme al Art. 315 del Código de Procedimiento Penal”, informó esa cartera de Estado mediante un comunicado oficial difundido en sus redes sociales.
El Ministerio de Gobierno explicó que los argumentos recurrentes utilizados por la defensa de la exsenadora son: “que le corresponde un juicio de responsabilidades y que el Ministerio de Gobierno no tiene legitimación para acusar cuando uno de los implicados era comandante general de la Policía Boliviana y los hechos afectaron el orden interno y la seguridad nacional”.
Además afirman que “existió actividad procesal defectuosa reiterando los argumentos ya planteados y rechazados y que necesitaban más tiempo de investigación para colectar pruebas cuando el delito por el que se la acusa es un delito instantáneo que se materializa y concreta con el simple acto o decisión contraria a la Constitución y a las Leyes”.
Asimismo esa cartera de Estado lamentó el receso decretado en la audiencia de juicio hasta el jueves 7 de abril bajo argumentos subjetivos, ya que el país requiere la averiguación de la verdad sin dilaciones indebidas.
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