La Cancillería boliviana, a través de un comunicado, rechazó el “Informe Anual sobre Derechos Humanos” emitido por los Estados Unidos y en lo que observa cómo se lleva los procesos contra la expresidenta Jeanine Añez.
En su pronunciamiento, la Cancillería recuerda que el Estado boliviano asume y cumple sus compromisos y responsabilidades con los Derechos Humanos y más aún siendo miembro activo del Sistema Universal de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mantiene excelentes relaciones con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, Bolivia pidió respetar la soberanía y la autodeterminación de los Estados y, por ello, “rechaza categóricamente la intromisión de terceros países, así como el Informe unilateral sobre Derechos Humanos, recientemente emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.
Para la Cancillería, el informe estadounidense realiza “inferencias sin fundamento y emite juicios de valor inapropiados sobre el proceso judicial que enfrenta Jeanine Áñez en la justicia de nuestro país, por su participación en los hechos ocurridos en ocasión de la crisis política de fines de 2019”.
Asimismo, la Cancillería asegura que los procesos judiciales por los hechos de fines de 2019 se llevan adelante en el marco del principio de independencia de órganos del Estado.
“Es mínimamente cuestionable que los ‘informes’ unilaterales de Estados Unidos, pretenden estar por encima de otros Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas, siendo que Estados Unidos ni siquiera es signatario de los Tratados de Derechos Humanos fundamentales, como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares”, concluye el pronunciamiento de la Cancillería boliviana.
EL INFORME DE EEUU
Estados Unidos presentó ayer, miércoles, su “Informe Anual sobre Derechos Humanos” y dedicó un apartado exclusivo a Bolivia, en el que, entre otros puntos, cuestiona cómo se lleva adelante los procesos penales en contra de la expresidenta Jeanine Áñez.
En el texto, y sobre el caso de Áñez, EEUU cuestiona que el Gobierno de Luis Arce “dirigió el proceso” en contra de la ex presidenta interina y otras ex autoridades, “además de que ejerce presión sobre los jueces que llevan adelante esos casos”.
“Tanto el jefe de Policía, Jhonny Aguilera, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, volaron a Trinidad, Bolivia, donde vivía Áñez, para supervisar su arresto. La presencia de estos altos funcionarios, altamente irregulares para una operación de arresto, fue un indicador de que el gobierno al más alto nivel estaba dirigiendo el proceso contra Áñez y otros, ejerciendo una tremenda presión sobre los jueces que ya carecían de independencia real”, señala el texto.
Asimismo, EEUU objeta que Áñez sea juzgada por la vía ordinaria y no así mediante un juicio de responsabilidades, ‘beneficio’ que le correspondería al ser expresidenta del Estado.
También cuestiona que el proceso contra la exmandataria fue desdoblado en los casos “Golpe de Estado I” y “Golpe de Estado II”. Y denuncia que el tiempo de detención preventiva excedió el límite de los meses establecidos.
“El 13 de marzo, la expresidenta interina Jeanine Áñez fue arrestada por cargos de terrorismo, sedición y conspiración para derrocar al gobierno antes y durante su mandato. Estuvo recluida en prisión preventiva. La constitución establece que los presidentes en ejercicio y los expresidentes tienen derecho a un juicio político, no a un juicio penal normal, por actos cometidos en el cargo. Sin embargo, el gobierno inició procesos penales regulares contra Ánez.
En una entrevista del 23 de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el gobierno inició un proceso penal contra Áñez porque el gobierno carecía de los votos en la legislatura para autorizar su juicio político. Los expertos legales señalaron que la declaración del ministro sugería que el gobierno estaba más interesado en el encarcelamiento de Ánez que en darle un juicio justo”, afirma el informe norteamericano.
Áñez, cabe recordar, tiene dos procesos en su contra por el presunto Golpe de Estado del 2019. En el primero, es juzgada por los delitos de terrorismo y conspiración – la figura de sedición fue eliminada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)-; en cambio, en el caso Golpe II es acusada por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, esto en el marco de su accionar como senadora y previo a autoproclamarse como presidenta del Estado.
