La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, aseguró ayer que la administración del presidente Luis Arce “no negociará jamás” la demanda de las víctimas de las ‘masacres’ de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), entre otros, ocurridos durante la gestión de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019.
Así, Prada se refirió a la propuesta del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien ofreció al Gobierno boliviano aceptar su extradición siempre y cuando se dé detención domiciliaria a la expresidenta Jeanine Añez y se extradite a EEUU a Maximiliano Dávila, exdirector de la Felcn investigado por narcotráfico.
La ministra de la Presidencia, en ese sentido, señaló que el compromiso del Gobierno es cumplir con el mandato de memoria, verdad y justicia con las familias de los asesinados en El Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos.
“Acá no hay canjes ni negociaciones con delincuentes que han masacrado a nuestro pueblo, la justicia es la justicia; lo que corresponde es que nosotros como Gobierno pidamos justicia, en este camino tenemos ese mandato”, sostuvo, según informaron medios estatales.
Prada cuestionó el ofrecimiento de Murillo, a quien dijo que se le olvidó que él es “coautor” de las masacres que, afirmó, dejó luto y dolor en 38 familias bolivianas.
La ministra de la Presidencia recordó que Bolivia inició los procesos correspondientes, que están siguiendo su curso, y expresó su esperanza de que la justicia actúe como corresponde contra los responsables y autores intelectuales y materiales por la violación de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos ilegales y persecución política, entre otros.
Finalmente, recordó que en reiteradas oportunidades el Gobierno ha ratificado su compromiso de cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sobre las violaciones de los derechos humanos en el país entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019.
Entretanto, el exministro Murillo continúa detenido en el Centro de Detención Federal (FDC) en Miami, EEUU, y su juicio se desarrollará el próximo 23 de noviembre.
Murillo es acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero proveniente de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión en el Gobierno de Bolivia.
Mediante una carta enviada al periodista español, Alejandro Entrambasaguas, el exministro ofreció ser extraditado a Bolivia, pero puso dos condiciones: que Jeanine Áñez tenga detención domiciliaria y que el coronel Maximiliano Dávila sea entregado a Estados Unidos.
“(…) quiero hacer llegar al Gobierno de Bolivia una propuesta firme y contundente: acepto una extradición al país si el presidente Luis Arce concede arresto domiciliario a la expresidenta Áñez y, al mismo tiempo, envía una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que remita la entrega del coronel Maximiliano Dávila, investigado por el Departamento de Estado de EEUU por narcotráfico en un intercambio de prisioneros”, dice la carta de Murillo.
