El Ejecutivo anunció que interpondrá recurso de inconstitucionalidad
La tarde de ayer, viernes, el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Israel Alcocer, promulgó la Ley de Fiscalización de Contratos. Gracias a esta Ley de Contratos, los concejales podrán fiscalizar el proceso anterior a la firma de estos, cuando se traten de montos iguales o mayores a Bs 30 millones.
Luego de un cuarto intermedio, tras un empate en la votación, se reinstaló la sesión. El presidente del Concejo puso nuevamente a consideración las observaciones que había planteado el alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández; sin embargo, con cuatro votos en contra y tres abstenciones, se descartó la revisión planteada por el burgomaestre, por lo que Alcocer, promulgó la Ley de Contratos.
El presidente del Concejo manifestó que la ley 1503 aprobada, es modificatoria a la ley 123, e indica que los contratos iguales o mayores a los 30 millones de bolivianos tienen que ingresar a revisión al concejo municipal, previo a la firma por parte del Ejecutivo Municipal.
Los contratos, apuntó Israel Alcocer, que irán a esta revisión son aquellos cuyos valores sean iguales o mayores a los 30 millones de bolivianos como el contrato de la basura, de construcción de módulos educativos, de pavimentación y el del desayuno escolar, entre los más relevantes y de importancia para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, manifestó.
Alcocer, consultado sobre lo manifestado mediante una carta enviada antes de su viaje a los Estados Unidos, por parte del alcalde Jhonny Fernández con relación a que si el Concejo hace de fiscalizador se convierten en juez y parte, toda vez que, según el burgomaestre, la Alcaldía tiene sus unidades de fiscalización como ser de Auditoría interna y de Fiscalización, manifestó que dicha cuestionante sería mejor trasladársela nuevamente a Fernández, toda vez que él no podría realizar ningún comentario, “simplemente respeto lo que indica el alcalde, solamente decir que los concejales no perdemos nuestro rol fiscalizador y seguiremos en esta labor, viendo que todas las obras se den en beneficio de la ciudadanía”, anotó.
La Ley, fue aprobada en una primera instancia en septiembre de 2021, pero con una cuantía de Bs 1 millón, siendo modificado en febrero del presente año, para que se consideren los contratos que estén por encima de los Bs 30 millones. Luego fue remitido al Ejecutivo en dos oportunidades, siendo en ambas ocasiones devuelto con sus respectivas observaciones.
Previo a la promulgación, desde el Ejecutivo indicaron que interpondrá una acción de inconstitucionalidad, una vez que la norma sea publicada.
