Para favorecer al gerente Pablo Guardia y acallar a la prensa
Nuevamente, un consorcio de abogados, jueces e incluso personeros técnicos del Órgano Judicial pretende vulnerar no solo la libre expresión, sino acallar el trabajo periodístico y violentar las leyes y la misma Constitución Política del Estado para acallar las denuncias que salen a la luz pública contra sus defendidos.
En este caso, los afectados son el director y el equipo periodístico del programa Iter Criminis, que se transmite por Sitel y Redes Sociales, quienes han sido demandados únicamente por ceder el espacio a un grupo denunciante, que documento en mano, expuso su caso en contra del gerente de la empresa telefónica Tigo S.A., Pablo Guardia, que enfrenta un proceso por extorsión.
Alberto Ruth, director y creador del programa periodístico enfocado al ámbito investigativo, lamentó que se quiera vulnerar el trabajo de la prensa y buscar, incluso, quitar el sustento a las familias que dependen de esta fuente laboral.
“Esto es una total vulneración a nuestros derechos, un atentado a la libre expresión y al trabajo. Lo peor que le puede pasar a un trabajador, es que pretendan quitarle su fuente laboral y que busquen quitarle el sustento para la familia, que es sagrado. Lamentablemente mi persona y todo mi equipo estamos siendo víctimas de un atentado a nuestro trabajo, una vulneración a nuestros derechos”, indicó Ruth.
El periodista denunció que el grupo de abogados conformado por el doctor Andrés Ritter Zamora, Alfredo Monroy y Juan Pablo Sánchez ingresaron dos demandas el 29 de abril sobre el mismo tema, con 1 hora y 7 minutos de diferencia, únicamente para que el caso recaiga en una Sala constitucional, con la que ya tendrían apalabrada el fallo a su favor y que, además, tiene un conflicto previo con su persona.
“Lo que hizo este grupo de abogados (Ritter, Monroy y Sánchez) junto a los vocales Carolina Cabrera y el doctor Aldo Quezada, tiene un nombre y es consorcio de abogados y jueces; ¿por qué digo esto?, porque para empezar la señora Cabrera debió excusarse, porque yo la denuncié en el 2020 y tengo la documentación que lo prueba y por norma ella no puede llevar un proceso contra una persona que ya la denunció, y con el señor Quezada lo mismo, pues desde este programa lo hemos denunciado como recaudador del Órgano Judicial y que por ello llegó a ser vocal, entonces ambos
debieron excusarse”, reveló.
El periodista explicó, además, que al margen de la actuación de los vocales de la Sala Constitucional Segunda, la prueba más fehaciente del consorcio de abogados y jueces” que tendrían la misión de proteger a Pablo Guardia, gerente de Tigo, quien forma parte de la denuncia de extorsión a un empresario cruceño, son las denuncias presentadas por estos juristas.
“Los abogados fueron los que empezaron la cochinada y está claramente probado, porque primero presentan una demanda de Amparo Constitucional y Acción de Protección a la Privacidad a las 8:22, según el sistema, donde colocan al señor Alfredo Monroy, Andrés Ritter Zamora y Juan Pablo Sánchez en representación de la empresa Tigo S.A., en contra de mi persona; misma que recae en la sala Cuarta, sin embargo como no es la que tenían apalabrada, una hora y 7 minutos después, es decir a las 9:29, presentan una segunda demanda “gemela”, por los mismos delitos, pero con el orden de los abogados cambiado, es decir primero va Ritter, luego Monrroy y finalmente Sánchez, además invierten el orden de mis apellidos y esta denuncia finalmente recae en la Sala dos, que es la que ellos buscan”, denunció.
Ruth indicó que al evidenciar esa “clara manipulación del sistema judicial”, determinó presentar una denuncia sobre el caso, pero decidió no realizarla en Santa Cruz, debido a la corrupción que existe actualmente en este departamento.
“Nosotros vamos a utilizar todas nuestras armas para defendernos, porque no nos van a callar ni nos vamos a quedar de brazos cruzados, los hemos denunciado de frente, no de espaldas o escondiéndonos detrás de un escritorio como ellos. Estamos defendiendo nuestro trabajo y nuestros derechos”, acotó.
Este caso se inicia luego de que Ruth permitiera un espacio en su programa a un grupo de abogados que presentó una denuncia que han interpuesto en contra de Pablo Guardia, gerente de Tigo, por extorsión, misma que se desprende de unos audios que se hicieron virales, donde se escucha al representante de la telefónica planificando un proceso penal, en el cual afirma que “no será un proceso largo porque tienen allegados a la Fiscalía y han conversado con el Órgano Judicial”.
