A Giovanni Aguirre López la policía salvadoreña lo había ido a buscar dos veces a su casa antes de arrestarlo el 8 de mayo pasado. La madre de Giovanni, Pati, había dejado entrar a los agentes, quienes la primera vez se mostraron amables al registrar la casa. No encontraron nada y se fueron. Volvieron a llegar, al menos una vez más.
La amabilidad del Estado salvadoreño desapareció después del 1º de mayo, luego de que Giovanni, un sindicalista de 32 años que trabaja en la unidad del registro familiar de la alcaldía de San Salvador, participó activamente en una manifestación por el Día del Trabajo. En la marcha, Aguirre, que también es miembro de la organización Bloque de Rebeldía Popular (BRP), tomó un megáfono para lanzar críticas a Nayib Bukele y al régimen de excepción aprobado por el gobierno tras una escalada de violencia que provocó la muerte de 87 personas en 72 horas a finales de marzo.
Tras la masacre de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó, el 27 de ese mes, la suspensión de garantías constitucionales con el argumento de que la medida serviría para perseguir a las pandillas MS13 y Barrio 18, a las que atribuyó la matanza. Luego, a principios de abril, el Congreso aprobó reformas a varias leyes para, dijeron los diputados oficialistas, dar al gobierno más armas con que enfrentar a las pandillas.
Las medidas cuentan con el aval de un buen porcentaje de salvadoreños de acuerdo con encuestas publicadas luego, pero han sido cuestionadas por organizaciones que velan por los derechos humanos.
“Las leyes adoptadas por la Asamblea Legislativa de El Salvador en respuesta a la ola de violencia cometida por las pandillas violan garantías básicas del debido proceso y los derechos de los niños”, dijo Human Rights Watch en un comunicado que publicó el 8 de abril. Las enmiendas, destacó HRW, permiten encarcelar a niños de 12 años, restringen el debido proceso y atentan contra la libertad de prensa.
Llegó, en ese contexto de pérdida de libertades civiles, el 1º de mayo, día internacional del trabajo. Organizaciones sociales críticas de Bukele, como el BRP al que pertenece Aguirre, habían convocado, semanas antes, una marcha para conmemorar la efeméride y protestar en la calle contra las medidas de excepción, que a esas alturas ya habían llevado a unas 20,000 personas a prisión.
Rolando Castro, el ministro de trabajo de Bukele, había advertido dos días antes que a quienes asistieran a las marchas del 1º el gobierno los vería como aliados de las pandillas y, por tanto, como sujetos de persecución criminal.
